Santa Fe regula las cámaras con IA, pero el Ministerio controla su activación
Santa Fe aprobó un protocolo de 41 artículos para el uso de cámaras con inteligencia artificial en espacios públicos. Según un análisis de APROPOL NOTICIAS, el texto fija límites, pero deja la activación del sistema en manos del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Redacción PicoTecno
· Actualizada 12 de noviembre de 2026 a las 20:03
3 min de lectura
(APROPOL NOTICIAS)
El Gobierno de Santa Fe aprobó el martes 10 de noviembre el Decreto 2397/2026, que establece el Protocolo para el Uso de Sistemas de Videovigilancia en Espacios Públicos. Según informó APROPOL NOTICIAS, la norma tiene 41 artículos y alcanza a las cámaras con inteligencia artificial, entre ellas las del sistema Lince, que según el medio llegaría a la ciudad de Santa Fe antes de fin de año.
El decreto lleva las firmas del gobernador Maximiliano Pullaro y de los ministros Pablo Cococcioni (Justicia y Seguridad) y Fabián Bastia (Gobierno e Innovación Pública). Prohíbe la vigilancia indiscriminada, exige que una persona intervenga antes de ejecutar medidas surgidas de alertas automáticas y crea un organismo externo de supervisión.
Quién activa el sistema
El análisis de APROPOL señala una contradicción: aunque el protocolo pone límites al uso de la tecnología, el Poder Ejecutivo conserva su control. El artículo 17 dispone que el sistema solo puede activarse a pedido del Ministerio de Justicia y Seguridad, por medio de funcionarios habilitados con rango no inferior al de director, y prohíbe activarlo a solicitud de cualquier otro organismo o autoridad. Eso genera dudas sobre el acceso de fiscales y jueces a una herramienta clave en investigaciones penales.
Como antecedente, el medio recuerda una balacera contra una vivienda de la zona sur de Rosario el 19 de junio de 2026. Con imágenes del sistema Lince se reconstruyó el recorrido de los presuntos autores y se identificó el inmueble al que volvieron. Cococcioni dispuso el allanamiento mediante la Resolución 04-2026, sin orden judicial previa, bajo la modalidad llamada flagrancia virtual, y la Policía de Investigaciones lo ejecutó unas doce horas después del hecho.
La jueza María Dolores Aguirre Guarrochena declaró inválido el procedimiento porque consideró que no estaban acreditadas las circunstancias excepcionales para prescindir de la autorización judicial. El camarista Tomás Orso revocó esa decisión y convalidó el allanamiento el 27 de julio de 2026. Además, declaró inoponibles los plazos de 24, 48 y 72 horas del protocolo ministerial y tomó como referencia para medir la urgencia el momento del reporte positivo del sistema, y no la hora del delito. Según APROPOL, esto da a la tecnología influencia sobre las condiciones que justifican actuar sin orden judicial. El artículo 25 del nuevo decreto remite al protocolo de flagrancia virtual vigente sin detallar cómo se articula con esos límites.
Sobre el reconocimiento facial, el artículo 11 prohíbe como regla la identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos. Admite excepciones para víctimas de secuestro o trata, amenazas graves e inminentes contra la vida y la búsqueda de sospechosos de delitos graves con orden de captura vigente. Exige autorización judicial previa, salvo urgencia extraordinaria, y en ese caso se debe notificar de inmediato al fiscal y al juez para obtener la convalidación.
APROPOL observa que el texto no fija un plazo máximo para esa convalidación ni aclara qué pasa con los datos si se la rechaza. El medio lo contrasta con el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que el propio protocolo cita como antecedente y que prevé pedir la autorización en un máximo de 24 horas, además de cortar el uso y borrar los datos si se la deniega. También advierte que el artículo 21, que permite búsquedas de personas, vehículos, trayectos y objetos, puede implicar una injerencia relevante si el seguimiento de los desplazamientos de alguien se prolonga, aun sin reconocimiento facial.
